Publicado el Viernes 27 de noviembre de 2009, a las 11:01

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Todos los nombres de Asturias

Asociación Todos los Nombres y Federación Asturiana Memoria y República

En relación a la reunión mantenida con el fiscal general de Asturias, D Gerardo Herrero, por las Asociaciones Todos los nombres y la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) queremos agradecer al fiscal la amabilidad con que nos ha recibido a pesar de la discrepancia de criterios que venimos manteniendo en cuanto al tratamiento jurídico de las víctimas del franquismo.

Lamentamos profundamente que, por órdenes del Fiscal General del Estado y por tanto del gobierno español, la linea a seguir sea la de continuar negando los derechos civiles de las víctimas del franquismo y negando el delito de "crímenes de lesa humanidad" cometidos durante 40 años de dictadura. Amen de seguir manteniendo como de aplicación la Ley de amnistía de 1977 por lo que dichos delitos no pueden ser juzgados.

Las asociaciones de memoria le hemos expresado que las leyes de Amnistia como la española han sido anuladas en la mayor parte de países en los que había sido aplicada usando como modelo al sistema de impunidad español (vease Argentina, Perú, Chile, etc.). Asimismo le hemos aportado diversa información, como la resolución del Tribunal de Derechos Humanos en el caso "Kolk y Kislyiy v. Estonia: Imprescritibilidad de los crímenes contra la humanidad y su aplicación retroactiva" del 2006, vinculante para el estado español, en el que se afirma de manera taxativa que: "los crímenes contra la humanidad no están sujetos a limitación temporal alguna, sea cual fuere la fecha de su comisión". Así también lo han expresamente afirmado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos.

El Comité de Derechos Humanos consideró que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida deniegan el recurso a un derecho efectivo que tienen las víctimas de violaciones de derechos humanos, con lo cual constituyen una violación a varios derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y su vigencia contribuye a fomentar "un clima de impunidad". El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas consideró que la expedición de las leyes de "Punto final" y "Obediencia debida", dictadas por un gobierno "democráticamente elegid[o]" respecto de los hechos cometidos por un régimen de facto, "es incompatible con el espíritu y los propósitos de la Convención [contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes]" .

El 31 de octubre de 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicaba el proyecto de observaciones finales al quinto informe periódico de España, en el que recomendaba a las autoridades españolas tomar medidas para derogar la Ley de Amnistía de 1977, garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, establecer una comisión independiente para establecer la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, y garantizar la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas, y la restitución a los familiares.

En el caso actual de la exhumación que se está abordando en el concejo de Aller, y ante su desconocimiento de lo allí efectuado, las asociaciones le hemos solicitado la inmediata actuación judicial. En este sentido el fiscal esperará a conocer las actuacines del juez competente antes de pronunciarse.

Asimismo ante la reunión en Madrid el próximo lunes de los fiscales del estado, el fiscal se ha comprometido a trasladar nuestras peticiones a dicha reunión. En este sentido las asociaciones hemos mostrado nuestra total disposición a la colaboración con las autoridades judiciales con datos sobre fosas, desaparecidos, niños de la guerra, etc, además de proponerle la creación de un juzgado específico para el tema quedando a la espera de una próxima reunión.